Rimvydas Norkus, abogado general del TJUE, le ha respondido al Tribunal Supremo español “que la fijeza es una medida válida y proporcionada” para el sector público, y que la alternativa sería “un importante aumento de las indemnizaciones que causaría un colapso económico y judicial”. STEPA recalca “la especial importancia de este pronunciamiento, ya que en la DGA hay unos 17.000 trabajadores en abuso”.
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