La Comisión Europea ha congelado 627 millones del quinto pago de fondos europeos por el incumplimiento de España de la directiva 1999/70 de trabajo temporal. La directiva establece que la temporalidad no puede alargarse más de tres años y que la legislación nacional debe de establecer mecanismos disuasorios del abuso de temporalidad. Más de un cuarto de siglo después, seguimos sin dichos mecanismos disuasorios obligatorios por una directiva -que es vinculante- y con una temporalidad en el sector público que supera el 30%, el doble que en el sector privado.