Dentro del especial Caso Obadal, esta página reúne las claves jurídicas del procedimiento que desemboca en la futura sentencia TJUE sobre temporalidad, un debate con impacto directo sobre el abuso de temporalidad en el empleo público y sobre la discusión relativa a la fijeza de empleados públicos.
El asunto C-418/24 obliga a examinar, con criterios de Derecho de la Unión, si las respuestas previstas en España son efectivas, proporcionadas y disuasorias frente al uso abusivo de relaciones temporales prolongadas en el sector público.
El rechazo definitivo al "Indefinido No Fijo"
Es de vital urgencia distinguir entre lo que los tribunales nacionales han intentado asentar y lo que desde Europa se exige. Históricamente, el Tribunal Supremo español ha defendido la figura del contrato "indefinido no fijo" y compensaciones con un tope del año (33/20 días) como barrera ante la consolidación.
Por fortuna, la Comisión Europea y el Abogado General han tirado por tierra esta postura. Las conclusiones de Europa confirman que el indefinido no fijo sigue siendo en sí mismo temporalidad inestable, totalmente incapacitado para resarcir un abuso de décadas. Las indemnizaciones al cese no previenen futuros abusos y la carga acaba derivando a las arcas públicas.
— Francisco Javier Ramón Sierra (ANSITI), citando el espíritu de las conclusiones del Abogado General Norkus.
La Directiva 1999/70/CE y la exigencia de medidas efectivas
El punto de partida jurídico se encuentra en la Directiva 1999/70/CE y en el Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, que imponen a los Estados miembros la obligación de prevenir y sancionar el abuso derivado de la utilización sucesiva de relaciones temporales.
En el empleo público, esta exigencia obliga a comprobar si las soluciones previstas por el Derecho interno son reales y suficientemente eficaces para evitar que la provisionalidad se perpetúe.
Qué planteó el Tribunal Supremo en la cuestión prejudicial
La cuestión prejudicial formulada por la Sala de lo Social planteó si debía mantenerse la figura del indefinido no fijo como respuesta al abuso de temporalidad en el personal laboral público.
De forma subsidiaria, se planteó reforzar la indemnización por cese, situando esa opción antes que la conversión en fijeza. El eje jurídico de fondo fue determinar si esas medidas cumplen la exigencia europea de sanción efectiva y disuasoria.
Qué defendió la trabajadora en la vista
La parte demandante sostuvo que la respuesta tradicional no corrige de forma real el abuso y no neutraliza sus efectos sobre la persona afectada.
Su tesis central fue que la figura de indefinido no fijo no repara el daño cuando prolonga la provisionalidad, y que la fijeza puede operar como medida válida de sanción y reparación en supuestos de abuso estructural.
Por qué su posición marca las claves del caso
En la vista, la Comisión Europea insistió en que las medidas nacionales deben ser apropiadas y suficientes para prevenir y sancionar el abuso, y que no basta con mecanismos que no alteran de forma efectiva la situación de precariedad.
También señaló que la conversión en indefinido no fijo no puede considerarse solución adecuada cuando implica prolongar la temporalidad y no garantiza reparación íntegra.
Qué criterios se reforzaron en la Gran Sala
La posición italiana reforzó que la estabilidad en el empleo puede constituir una medida efectiva en contextos de abuso, y que procesos abiertos a terceros o inciertos no equivalen por sí solos a una sanción real.
Las preguntas del Tribunal se concentraron en la efectividad de las medidas nacionales, en el valor material de los procesos selectivos y en la coherencia entre reparación del abuso y respeto a los principios del empleo público.