El acuerdo firmado entre CSIF y el Gobierno para los próximos años introduce mejoras retributivas y organizativas, pero no aborda la situación del personal temporal en abuso de temporalidad, ni menciona la Directiva 1999/70/CE, las sentencias del TJUE, la fijeza ni medidas de reparación para quienes han sido cesados.
Texto oficial del acuerdo (CSIF)
Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP, enero 2025), la temporalidad sigue siendo estructural en múltiples administraciones públicas, afectando a cientos de miles de personas:
Qué medidas del acuerdo generan preocupación entre el personal temporal
Aunque el documento no menciona de forma explícita al personal en abuso, sí plantea varias medidas que, según organizaciones del sector y expertos en derecho laboral público, pueden facilitar la sustitución generalizada del personal temporal.
Entre los elementos que han generado inquietud destacan:
Más OPEs y procesos selectivos acelerados
El acuerdo incorpora mecanismos para agilizar las convocatorias, acortar plazos y realizar procesos con mayor frecuencia.
Procesos exprés y concursos abiertos y permanentes
La generalización de concursos abiertos puede permitir la entrada constante de personal externo, incluso en sectores con alta temporalidad estructural.
Más plazas abiertas y eliminación de la tasa de reposición
La eliminación de límites para la convocatoria de plazas permite a las administraciones sacar prácticamente todas las vacantes, incluidas aquellas que llevan ocupadas durante años por trabajadores temporales.
Riesgo de más ceses no renovados
En informes recientes, el Defensor del Pueblo ya ha advertido que algunas administraciones han recurrido a la no renovación de temporales para evitar su estabilización:
Sustitución del personal temporal sin medidas de protección
La AIReF y diversas Cámaras de Cuentas (Aragón) han señalado que la temporalidad prolongada en la administración no se corrige únicamente convocando más procesos selectivos:
Un modelo que puede repercutir en mayor precariedad estructural
Al no contemplar una sanción al abuso ni medidas de estabilidad, el modelo puede mantener o aumentar la dependencia de puestos temporales.
Posibilidad real de que se convoquen todas las plazas ocupadas por temporales durante años
La combinación de eliminación de tasa de reposición, agilización de OPEs y concursos abiertos “permanentes” permite, de forma legal, convocar todas las plazas, incluso las que llevan ocupadas décadas.
Lo que dice Europa: el acuerdo no menciona la Directiva ni las sentencias del TJUE
La Directiva 1999/70/CE establece la obligación de sancionar el abuso de temporalidad:
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reiterado en múltiples resoluciones que los procesos selectivos no son una sanción al abuso y que los Estados miembros deben adoptar medidas efectivas y disuasorias.
Sentencias oficiales:
Sánchez Ruiz / Fernández Álvarez (C-103/18 y C-429/18)
IMIDRA (C-726/19)
Agios Nikolaos (C-760/18)
Sciotto (C-331/17)
El acuerdo no incluye referencias a estas obligaciones europeas.
Conclusión
El acuerdo CSIF–Gobierno introduce medidas retributivas y organizativas que afectan al conjunto del empleo público, pero no aborda el abuso de temporalidad denunciado por los tribunales europeos, ni incorpora protección para el personal temporal ni para los cesados.
La combinación de convocatorias masivas, eliminación de la tasa de reposición y procesos acelerados puede permitir que las administraciones convoquen todas las plazas ocupadas por personal temporal, lo que genera una preocupación legítima avalada por datos oficiales y por informes institucionales.
Metodología y fuentes
Nota oficial del acuerdo (CSIF)
Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las AAPP (BEPSAP enero 2025)
Directiva 1999/70/CE (EUR-Lex)
Sentencias TJUE oficiales
Informe Anual del Defensor del Pueblo
Documentos AIReF
Informes Cámaras de Cuentas
Todas las afirmaciones contenidas en este artículo están basadas de forma literal y verificable en el texto oficial del acuerdo firmado entre CSIF y el Gobierno, así como en documentación institucional pública (BEPSAP, Directiva 1999/70/CE, sentencias del TJUE, informes del Defensor del Pueblo, AIReF y Cámaras de Cuentas). No se incorpora ninguna valoración no sustentada en fuentes oficiales.
Comunicado CSIF
Concentración día 9
