La protagonista

Durante años, miles de personas vinculadas al empleo público, tanto en activo como cesadas tras largos periodos de temporalidad, han desempeñado sus funciones con profesionalidad y compromiso sin saber con certeza cuál sería su futuro.

Tras encadenar contratos temporales, afrontar procesos selectivos inciertos y convivir con la inseguridad laboral, muchas personas afectadas por situaciones de inestabilidad o pérdida de su puesto han experimentado sentimientos comunes de incertidumbre, desgaste y esperanza.

El caso conocido como Obadal ha puesto rostro jurídico a esta realidad colectiva.

A continuación se recoge, de forma anonimizada, el testimonio de la trabajadora cuya situación profesional dio origen a este procedimiento judicial. Su experiencia permite comprender mejor el recorrido personal, profesional y emocional que han vivido quienes han pasado por procesos similares, tanto dentro como fuera de la Administración.

Como una trituradora que no se detiene

Su historia no es solo individual. Refleja un camino compartido por quienes durante años han sostenido servicios esenciales mientras esperaban una respuesta definitiva que en muchos casos aún no ha llegado.

Hoy, cuando el proceso judicial se aproxima a una fase decisiva en el ámbito europeo, este relato adquiere un significado especial para todas las personas que han sufrido las consecuencias de la temporalidad estructural en el empleo público.

Para muchas de ellas, comprender esta historia es también una forma de comprender su propia trayectoria.

Este es su relato.

Llevo más de diez años vinculada a la Administración pública. En este tiempo han ocurrido muchas cosas.

Mi experiencia comenzó de manera muy positiva, trabajando en colegios y apoyando a alumnado con necesidades educativas especiales. Tras encadenar numerosos contratos temporales por sustitución y recorrer distintos destinos por toda la Comunidad de Madrid, finalmente conseguí una interinidad con vacante.

Años después empezaron a aparecer noticias sobre la obligación, procedente de Europa, de regularizar la situación del personal interino.

La incertidumbre empezó a crecer. Todas las personas que estábamos en esta situación permanecíamos expectantes ante la convocatoria que estaba por llegar.

Era, en definitiva, elegir entre arriesgarse a demandar sin saber qué iba a ocurrir o resignarse a continuar en una situación de incertidumbre permanente.

En 2021 decidí presentar una demanda para el reconocimiento de indefinida no fija. Llevaba ya cinco años trabajando como interina para la Administración y, a diferencia de lo que ocurre en la empresa privada, no se me reconocía ninguna estabilidad.

Tomar esa decisión no fue fácil.

Había que buscar abogado, asumir el coste económico del procedimiento y afrontar el proceso sin garantías claras de éxito. Algunos compañeros obtenían sentencias favorables; a otros se les denegaba el reconocimiento.

Llegó el día en que se publicó la convocatoria. Era la primera vez que se convocaba mi categoría profesional, Técnico Especialista III, en la Comunidad de Madrid.

No existía temario previo ni referencias sobre cómo sería el nuevo examen. Hacía más de veinte años —probablemente cerca de treinta— que no se convocaban estas oposiciones, y la última convocatoria ni siquiera correspondía exactamente a la misma categoría.

Todo estaba por construir: los temarios, el material de estudio, la preparación desde cero.

Los treinta temas que componían el programa estaban llenos de normativa y legislación, lo que aumentaba aún más la preocupación entre quienes llevábamos años desempeñando el trabajo sin haber tenido que enfrentarnos nunca a un proceso selectivo de estas características.

El sistema de puntuación también generaba inquietud.

Se otorgaban 16 puntos a la experiencia profesional, 4 puntos a la formación y 20 puntos al examen. Para superarlo era necesario obtener al menos 10 puntos en la prueba tipo test.

Esto significaba que el peso real recaía en el examen teórico, por encima de los años de servicio prestados.

Para muchas personas con más de 50 años —e incluso cerca de los 60— que llevaban décadas trabajando en la Administración, enfrentarse de pronto a un proceso así generaba un profundo desconcierto, mezcla de inseguridad, presión y sensación de injusticia.

En unos minutos nos jugábamos años de trabajo.

En marzo de 2023 se dictó sentencia en el Juzgado de lo Social respecto a la demanda que había presentado años atrás.

La resolución reconocía mi condición de trabajadora indefinida no fija, pero no la fijeza en el puesto.

Aquella decisión supuso una sensación ambivalente. Por un lado, se reconocía parcialmente la situación de temporalidad prolongada. Por otro, la incertidumbre sobre el futuro laboral continuaba intacta.

Ante esta situación, se decidió interponer recurso para seguir defendiendo el reconocimiento pleno de la estabilidad en el empleo.

Casi dos años después de la publicación de la convocatoria del proceso extraordinario de estabilización derivado de la Ley 20/2021, llegó el día del examen.

En apenas unos minutos nos jugábamos la continuidad en nuestro puesto de trabajo, incluso quienes llevaban más de 20 o 25 años desempeñando sus funciones.

Al abrir el cuestionario llegó la sorpresa.

Las primeras preguntas parecían imposibles. Apareció la sensación de bloqueo, la respiración agitada, los nervios. Durante unos minutos pensé incluso en desistir.

Con el paso del tiempo supe que el examen había sido elaborado por profesionales de distintos ámbitos, entre ellos también compañeros técnicos que conocían bien el trabajo que desempeñábamos cada día. Precisamente por ello, el nivel de dificultad resultó aún más desconcertante.

El proceso siguió adelante.

Reclamaciones por preguntas ambiguas, otras consideradas incorrectas… y, como una trituradora que no se detiene, comenzaron a publicarse listados de aprobados y suspensos. Compañeros que no superaban el test, plazas que quedaban desiertas, trayectorias profesionales truncadas de forma repentina.

Aquello no se vivió como un proceso de estabilización. Para muchas personas fue, en realidad, una experiencia profunda de desestabilización personal y laboral.

Se publicó el listado de méritos —es decir, la puntuación asignada a cada aspirante en función de su experiencia profesional y formación— y la sorpresa fue mayúscula: no se había tenido en cuenta mi experiencia.

Un trámite que debía ser objetivo aparecía lleno de errores. De forma repentina descendí 76 puestos en el listado. No era un caso aislado. Éramos muchas las personas afectadas.

Comenzaron días de escritos, reclamaciones y gestiones constantes. Algunos sindicatos iniciaron movilizaciones para denunciar la situación.

Resultaba difícil comprender cómo podía publicarse directamente un listado definitivo sin ofrecer previamente la posibilidad de subsanar errores evidentes.

Se fueron a la calle.
Así, sin más.

Tras tres meses sin respuesta y después de presentar una nueva demanda judicial para acreditar mi experiencia, finalmente —gracias a la insistencia— se publicó un nuevo listado. En mi caso se corrigieron los puntos relativos a la experiencia profesional, aunque no los correspondientes a la formación. Decidí no continuar reclamando por puro agotamiento.

Mientras tanto, la “trituradora” seguía funcionando.

Compañeros que habían dedicado años de su vida a apoyar a niños con discapacidad quedaban fuera del proceso. Resultaba difícil alegrarse por un aprobado cuando otras personas, igualmente valiosas, veían cómo perdían su trabajo.

Muchos de aquellos compañeros perdieron finalmente su puesto de trabajo.

Volvemos a la casilla de salida.

Se fueron a la calle.

Así, sin más.

No había nada que celebrar.

Cuando firmé mi plaza y acudí al centro asignado, me encontré con una nueva sorpresa: no había alumnos matriculados que necesitaran el apoyo para el que había sido destinada.

Días después recibí una notificación de la Administración convocándome a una reunión. Temí lo peor: un traslado.

Y así fue. Se me comunicó un traslado forzoso.

Un día firmas una plaza y, pocos días después, te trasladan.

Volvemos a la casilla de salida.

Todo el proceso de elección de plazas parecía perder sentido: la puntuación obtenida, el orden en los listados, las preferencias elegidas… todo quedaba anulado al obligarte a optar entre plazas sobrantes.

Entonces surgen inevitablemente las preguntas:

¿Para qué una puntuación?

¿Para qué un baremo?

Desconcierto, enfado, sensación de injusticia, indignación. Muchos sentimientos al mismo tiempo.

Vuelve la misma pregunta de fondo:

¿Hay aquí algo que celebrar?

Tras el traslado forzoso comenzaron nuevos problemas administrativos.

Registros telemáticos que no aparecían, oficinas que no sabían dónde estaba realmente asignada. Incluso desde el departamento de nóminas me indicaron que no figuraba en el sistema como trabajadora.

Si el error lo comete el trabajador, se considera muy grave.

Si lo comete la Administración, nadie parece rendir cuentas.

Aquello empezó a sentirse como una broma cruel, casi como un experimento sobre los límites de la paciencia. Llegué a preguntarme si la llamada administración electrónica había servido para mejorar la gestión o si, por el contrario, nos había hecho más vulnerables.

Tuve que iniciar otra demanda judicial para reclamar el reconocimiento de mis trienios, que seguían sin ser computados pese a los años de servicio acumulados.

Cansancio.

Agotamiento.

Incredulidad.

Hastío.

Fue entonces cuando mi abogado, Miguel Ángel Santalices Romero, me comunicó la fecha del juicio relacionado con la demanda sobre el reconocimiento de la fijeza en situaciones de abuso de temporalidad asunto C-418/24. Este procedimiento forma parte del conocido como caso Obadal, un asunto que ha adquirido dimensión europea al ser analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que ahora deberá seguir resolviéndose en los tribunales españoles.

Después de años de lucha, incertidumbre y desgaste, en medio de esta auténtica odisea, finalmente he obtenido mi plaza, no sin un inevitable sabor agridulce.

Sin embargo, si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el marco del conocido como caso Obadal, reconoce que en situaciones de abuso de temporalidad como la mía —en las que se encuentran más de 800.000 personas, además de muchas otras que han sido cesadas injustamente— debe garantizarse una estabilidad real en el empleo, muchas de estas personas podrían por fin ver reconocida su situación, estabilizar sus plazas y, en el caso de quienes ya han sido cesadas, ser resarcidas mediante soluciones justas y efectivas.